EL TWITT DE R HERNANDO, SEC. GENERAL DE PxC COMPARANT AMB NINES INFLABLES DE SEX SHOP ALS PARTICIPANTS DE LA CADENA HUMANA DEL 11-S OBRE UNA NOVA CRISI A PxC

La piulada de Robert Hernando, regidor d'Igualada, i Secretari General de PxC, comparant els participants a la cadena de la Via Catalana de l'11 de setembre, amb nines inflables de sex shop, ha generat una enèrgica protesta del Secretari de Relacions Nacionals i Internacional de PxC, el valencià Enric Ravello, que ha penjat al facebook i al seu blog un escrit (clica) demanant als òrgans de direcció de PxC i al mateix Hernando que demanin disculpes i retirin les afirmacions. 

Ravello considera que el twitt d'Hernando trenca les normes de respecte i convivència que han de regir qualsevol societat, consideració que Ravello no ha fet mai quan els dirigents de PxC qualifiquen els immigrants, o "la majoria d'immigrants" de "xusma",  "escòria" o "gentussa".

De moment Josep Anglada guarda silenci. 

Ravello, natural i resident a València, d'idees properes al neonazisme-pagano-esotèriques i defensor de la idea que la raça blanca eurosiberiana està en perill de desaparèixer, es considerat del sector catalanista -o pro singularitat dels Països Catalans- de PxC i té poques simpaties entre els socis espanyols de Partido X La Libertad i els regidors de l'àrea metropolitana de Barcelona de PxC. Va ser Ravello qui va impulsar el grup local de PxC a Perpinyà (clica)
 (ampliaré després....)

 Robert Hernando, Secretari General, a un acte del partit

Enric Ravello, Secretari de Relacions Nacionals i Internacionals

Ravello i Hernando el juliol de 2012 en la presentació del grup de PxC a la Catalunya Nord, Perpinyà

Text de l'escrit de Ravello:

ENRIC RAVELLO, Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales de PxC
"MI CONDENA A LOS INSULTOS A LOS PARTICIPANTES EN LA CADENA HUMANA DEL PRÓXIMO 11 DE SEPTIEMBRE.

"Por la presente hago pública mi condena a las declaraciones del secretario general de mi partido, Plataforma per Catalunya (PxC), Robert Hernando en la que compara a los participantes en la llamada “vía catalana” con muñecas hinchables.
Ni personalmente, ni éticamente, ni desde las mínimas normas de convivencia que deben regir cualquier sociedad, ni desde las educación y el respeto que debe caracterizar las actuaciones personales, puedo ni quiero dejar de distanciarme absolutamente de estas intolerables palabras. Equiparar a las familias que asistirán a ese acto: padres, madres, niños, ancianos, o a cualquier otro acto público, con objetos de uso sexual, es algo que no es tolerable por mi parte y de lo que me desmarco de forma inmediata y rotunda.
Desde aquí solicito a los órganos de Plataforma per Catalunya y al propio Robert Hernando a retirar tales afirmaciones y a pedir disculpas a la sociedad catalana
Enric Ravello.
Secretario de relaciones nacionales e internacionales de Plataforma per Catalunya."

ARTICLE A EL PERIÓDICO D'AVUI: "EMIGRANTES, INMIGRANTES:EMPRENDEDORES"

Tal como ha informado este diario estos días, en los nueve primeros meses del año se han ido de España 420.150 personas. De ellas, 365.238 eran extranjeras, y 54.912, españolas, lo que en este caso supone un incremento del 21,6%: desde el 1 de enero del 2011 han salido de España 117.523 españoles. Si nos centramos en los extranjeros, las cifras oficiales nos dicen que los citados 365.238 que se han marchado este año son más que las altas (282.522 sumando llegadas y nacimientos) y que por segundo año el saldo es negativo. Al analizar las cifras hay que tener en cuenta que más de 100.000 extranjeros adquieren cada año la nacionalidad española, lo que distorsiona los datos en ambos sentidos: algunos españoles que se marchan son extranjeros nacionalizados, pero también muchos extranjeros que desaparecen de las cifras no se han ido sino que son ya españoles.

Pero lo cierto es que, teniendo en cuenta que la mayoría de las llegadas de inmigrantes lo son por la reagrupación familiar –reclamados por cónyuges o padres con estabilidad económica–, la llegada de nueva mano de obra atraída por el crecimiento económico que experimentó España entre 1998 y el 2009 se ha frenado en seco. Y no solo eso, sino que varios cientos de miles de personas han abandonado España, bien para regresar a su país de origen, bien para emigrar a países de la Unión Europea donde se crea empleo. Los técnicos de inmigración de diversos municipios catalanes consultados constatan la gran cantidad de inmigrantes con permiso de larga duración –y también extranjeros ya nacionalizados– que han marchado a Alemania o Bélgica dejando aquí esposas e hijos.
Decía el que fue ministro de Trabajo de Aznar en 1999, Manuel Pimentel (que dimitiría por discrepancias con su partido a la hora de abordar la gestión y el discurso sobre la inmigración), que el paso de menos de un millón de extranjeros en 1998 a los 5,5 millones del 2009 se debía a dos causas: un crecimiento económico que generaba empleo y lo que él definía como «hidalguía laboral» de muchos autóctonos, es decir, el rechazo a trabajar en muchos sectores por su baja consideración social o su escaso salario. Y la negativa a gestionar ágilmente dicha necesidad de mano de obra no frenaba su llegada, sino que la derivaba hacia la irregularidad y la economía sumergida. Los inmigrantes eran emprendores que venían aquí pese a las dificultades legales, dispuestos a trabajar en lo que fuera y acogidos en el domicilio de un familiar o amigo.
Ahora, tras cuatro años e crisis, son cada vez más los ciudadanos autóctonos que aceptan trabajos en numerosos sectores por sueldos inferiores a los 800 euros, trabajos que antes ocupaban mayoritariamente inmigrantes. Lo que hacía que viniera tanta inmigración no eran las regularizaciones masivas o lo que algunos han calificado de buenismo, sino la necesidad de mano de obra y la negativa de los autóctonos a aceptar muchos empleos. Pero los gobiernos del PP criminalizaron esta llegada masiva hablando de «invasión» y «delincuencia» para hacer, al mismo tiempo, las mayores regularizaciones habidas en Europa y permitir que esos inmigrantes salieran de la economía sumergida. Y cuando Zapatero y el ministro Jesús Caldera, antes de que estallara la crisis, crearon por primera vez en España un procedimiento de contratación en origen ágil y que diera respuesta a las necesidades del mercado, el PP, ya en la oposición, continuó con su discurso demagógico.
Ahora la crisis y el frenazo de la llegada de inmigrantes han demostrado que estos no venían por el supuesto efecto llamada de las regularizaciones y la obtención de derechos como la educación y la sanidad, sino porque un amigo o un familiar les decían que les podían encontrar trabajo y les acogerían en su casa los primeros meses. La mayoría llegaban sin papeles, mayoritariamente como falsos turistas. Un procedimiento idéntico al que siguen ahora las decenas de miles de jóvenes españoles que buscan empleo en Europa o Latinoamérica. El hecho de ser ciudadanos de la Unión evita el problema de la irregularidad inicial, pero la mayoría marchan con la seguridad de tener allí un amigo que les cederá habitación, una buena formación y dispuestos a trabajar en aquello para lo que se formaron en España, pero también lavando platos en un restaurante. Y los que marchan a Latinoamérica lo hacen como turistas, sin contrato previo y con la esperanza de regularizar sus papeles si consiguen una oferta de empleo. Son emprendedores, y tal vez porque allí a los europeos se les considera mejor que nosotros a los latinoamericanos, conseguirán regularizar más fácilmente su residencia. Todas las historias de las migraciones son muy parecidas: el emprendedor, habitualmente joven, va en busca de su futuro allí donde hay trabajo.
Xavier Rius, periodista.

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Manuel Pimentel a la presentació el 2007 del llibre que vaig publicar sobre immigració a Espanya

EL PP I LA SANITAT DELS IMMIGRANTS, El Periódico

EL RECORTE DE PRESTACIONES

El PP y la sanidad de los inmigrantes 
Negar la tarjeta de asistencia a los irregulares es contraproducente y no reportará ningún ahorro
XAVIER RIUS

Todo parece indicar que, lejos de conseguir una disminución del gasto público, la intención del Ministerio de Sanidad de negar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles generará un incremento de ese coste y obligará a su incumplimiento y a sucesivas rectificaciones –como ha insinuado ya el propio Gobierno–, con lo que el resultado no será de ahorro alguno.
 España e Italia, que en los últimos años, con un crecimiento que demandaba más mano de obra, fueron puertas de Europa para la inmigración, eligieron en muchos periodos como método de gestión del flujo migratorio las regularizaciones extraordinarias, con la concesión de la asistencia sanitaria a los que llegaban. En España se universalizó definitivamente la sanidad con la ley de extranjería del año 2000.
 Se generalizó la sanidad no únicamente por motivos humanitarios, sino también por el peligro que significaba, a efectos del historial clínico, que unos inmigrantes acudieran con la tarjeta de un familiar, y por el mayor coste de la atención en los servicios de urgencias de quienes carecían de tarjeta, que, además, no podían seguir el tratamiento. También
y por el mayor coste de la atención en los servicios de urgencias de quienes carecían de tarjeta, que, además, no podían seguir el tratamiento. También se hizo por el problema epidemiológico que significaba tener una media de 200.000 personas fuera del sistema. En Italia, los irregulares accedían a la tarjeta de Extranjero Temporalmente Presente, con un código anónimo renovable. Y la mayoría de los países de la Unión Europea, con un número mucho menor de irregulares, además de garantizar la sanidad de los menores y mujeres embarazadas cubrían enfermedades crónicas e infecciosas. En muchos de estos países hay instituciones sanitarias de beneficencia. En Estados Unidos, con 12 millones de simpapeles, la mayoría hacen lo que el resto de trabajadores: contratar una póliza privada. Además, existe una red –aunque precaria– de beneficencia, algo inexistente en España.
 Así las cosas, el Gobierno pretende que los inmigrantes irregulares, a excepción de menores y embarazadas, se costeen una póliza de 710 euros al año, que se incrementa para los mayores de 65 años. Una propuesta jurídicamente discutible, dado que, mientras al dar asistencia sanitaria a quien está empadronado no se firma ningún contrato, ahora se pretende que quien puede ser expulsado hoy mismo (reconociendo su condición de expulsable) firme un contrato de futuro con la Administración.
 Se ha barajado que la cifra actual de irregulares oscila entre 200.000 y 300.000, incluidos los menores. Este último año se ha incrementado la cifra de extracomunitarios con permiso de residencia en algo más de 100.000, la mayoría hijos nacidos en España. Pero según los datos provisionales del padrón del INE, donde se contabiliza también a los irregulares, la cifra de extranjeros ha descendido en 40.000. Las cifras no son en modo alguno fiables, dado que decenas de miles de inmigrantes con permiso de larga duración han ido a trabajar a Alemania o Bélgica, donde pueden residir legalmente. Y también están marchando a sus países de origen, solos o con sus familias, una gran cantidad de inmigrantes con o sin papeles, no todos los cuales se han dado de baja en el padrón. Así que es imposible saber la cifra real de inmigrantes sin papeles. Pero es una evidencia que hoy ya no llegan inmigrantes y que se marchan muchos miles.
 Pero se produce un problema grave: muchos inmigrantes con menos de cinco años de residencia legal en España acabarán siendo irregulares al no poder renovar su tarjeta de residencia. Y en muchas unidades familiares se dará el caso de unos miembros con permiso permanente y otros en situación irregular sobrevenida al quedar en paro. Toda la profesión sanitaria coincide en que será más caro atenderlos en urgencias que mantener la cobertura ordinaria. Y la pretensión de que paguen una póliza pública fracasará. Además, se alerta de nuevo del peligro epidemiológico de no atender el tratamiento de enfermedades contagiosas, y del mayor coste sanitario de mandar a casa a alguien operado de un tumor pero que acaba volviendo a urgencias en una situación peor al no haber recibido radioterapia. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha rectificado. «Ningún paciente que lo necesite va a quedarse sin atención», ha dicho, y ha insinuado que se atenderá a los enfermos crónicos e infecciosos, los posoperatorios y los tratamientos oncológicos. Y tarde o temprano deberá reconocerse que son más caras las atenciones reiteradas en urgencias que continuar con el médico de cabecera.
 Evidentemente, España debe tomar medidas para acabar con el llamado turismo sanitario, que existe porque tenemos un servicio mejor que el de otros países europeos. Pero este turismo sanitario lo realizan, sobre todo, ciudadanos de la UE. En las comunidades que gobierna, el PP no ha alimentado la rumorología sobre inmigración. Pero el Gobierno, al proponer negar la asistencia a los irregulares sobre la base de falsos motivos económicos, ha abierto un debate que solo beneficia a quienes desean sacar réditos de la xenofobia y fracturar la cohesión social en mitad de la crisis.
Xavier Rius, periodista
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ELS PRESUPOSTOS DEIXEN A CERO ELS FONS D'INTEGRACIÓ D'IMMIGRANTS

Avui s'han publicat informacions contradictòries sobre si es mantenen o no els Fons d'integració d'Immgrants en el Presupostos de l'Estat.
De moment queden en 0 euros, front els 67 milions d'euros de l'any passat. 
Mira també aquí, pàgina 11, és la pàgina web de La Moncloa d'avui.


 
MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La portavoz del PSOE en el Congreso en materia de Inmigración, Esperanza Esteve, ha recordado que esta misma semana el PP pactó mantener el Fondo de Integración de Inmigrantes en el Congreso, al mismo tiempo que ha avisado de que la suspensión de este fondo en 2012 supone "pan para hoy y hambre para mañana" porque se está dejando a los ayuntamientos desprovistos de herramientas para trabajar en la cohesión social y la buena convivencia.

   En concreto, el Ministerio de Empleo ha informado a Europa Press de que, pese a que la dotación del Fondo pasa de los 67 millones de euros previstos en el anterior ejercicio a cero para el presente año, la decisión del Gobierno consiste en dejar sin efecto el artículo que regula el fondo en 2012.
   Precisamente, la Comisión parlamentaria de Empleo y Seguridad Social ha dado luz verde a una iniciativa pactada entre PP, PSOE y CiU que insta al Gobierno a garantizar la financiación para el Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes y que las comunidades autónomas y los ayuntamientos cuenten con recursos para atender las necesidades de esta población.
   Con todo ello, Esteve insiste en que, "sólo de esta forma" el Gobierno dejar de trabajar "preventivamente" en materia de integración y cohesión social en las ciudades, donde cree que es "especialmente imprescindible" trabajar preventivamente con segundas y terceras generaciones de familias de inmigrantes.
   "Cómo se va a construir esta convivencia si se está penalizando a la gente más sencilla, a las personas con dificultades", ha advertido la portavoz socialista.
   Así, ha explicado que este fondo fue creado por el PSOE en 2005 con el objetivo de conseguir la máxima cohesión en materia de inmigración en pequeñas poblaciones y barrios, a pesar de que los flujos migratorios puedan ir disminuyendo, con pequeños proyectos como tiempo libre para chicos inmigrantes después de la escuela.
   A su juicio, este tipo de proyectos tienen un "efecto multiplicador muy grande" porque, según apunta, el gran reto está en las segundas generaciones de inmigrantes.
   Sobre la votación del martes, en la que el PP pactó con PSOE y CiU pedir al Gobierno que mantuviera dicha dotación, Esteve dice que sólo así se demuestra la poca seriedad que tiene esta formación política y cómo los 'populares' utilizan la política para sus finalidades. "Nos lleva a un empobrecimiento colectivo porque uno no sólo empobrece con dinero sino con falta de estímulos adecuados", añade.

UN FONDO PARA LA INTEGRACIÓN

   El Fondo para la Integración fue creado por el gobierno socialista en el año 2004 con una dotación que pasó de 7 millones de euros hasta los 200 que se consignaron en el año 2009, destinados principalmente a la acogida a pie de playa, las políticas de aprendizaje de la lengua y el refuerzo educativo de los inmigrantes llegados a España, mediante acuerdos con ONG, comunidades autónomas y ayuntamientos.
   Aquel mismo 2009, el entonces ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, intentó aplicar un recorte del 30 por ciento sobre el Fondo de Integración, restándole 59 millones de euros a su presupuesto. Sin embargo, distintas ofensivas parlamentarias impulsadas por el Partido Popular y CiU consiguieron que el Ejecutivo diera marcha atrás y, finalmente, la partida fue restituída.