Opinión, Tribunas, El País, jueves 6 de septiembre de 2012
Xavier Rius Sant
La decisión del Gobierno de negar asistencia sanitaria no urgente a los inmigrantes en situación irregular, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, al amparo de los reales decretos de 24 de abril y 3 de agosto, no reducirá el gasto sanitario y sólo está provocando desconcierto y más papeleo entre los afectados y los profesionales de la sanidad. Además, ha generado un debate que alimenta los discursos xenófobos al culpabilizar, de alguna manera, a los más débiles de la falta de recursos. Y como se ha visto con la negativa de comunidades como Andalucía, Cataluña, Asturias, País Vasco, y Canarias -no gobernadas por el PP- en acatarlo, pero también de otras gobernadas por los populares como Galicia, lejos de cerrarse la polémica la controversia continuará por el convencimiento de los profesionales de que acabará generando más gasto y obligará al Gobierno a enmendar, de nuevo, lo que ya comenzó mal.
Primero el Gobierno anunció que retiraba la asistencia, a excepción de las urgencias, a los inmigrantes en situación irregular a y los españoles mayores de 25 años que no hubieran cotizado. Posteriormente aclaró que se mantendría la tarjeta sanitaria para las inmigrantes embarazadas y los menores sin papeles, y que se enmendaría lo que se habría expresado mal sobre los españoles mayores de 25 años para que sólo quedasen excluidos aquellos que, sin haber cotizado nunca, vivieran de grandes rentas. Diversas comunidades autónomas pusieron el grito en el cielo por la usurpación de competencias, al ser la sanidad una competencia transferida, recordando que la exclusión de decenas de miles de personas de la asistencia ordinaria no generaría ahorro, sino un gasto mayor al abocarles al uso reiterado de los servicios de urgencias. En el mismo sentido se manifestaron colectivos colegiales y sindicales de la sanidad, denunciando no sólo el problema ético de dejar sin tratamiento a pacientes crónicos, postoperatorios y oncológicos, sino del peligro sanitario de no atender a infecciosos, a la vez que reafirmaban la veracidad de las estadísticas que demuestran que los inmigrantes hacen menos uso de la sanidad que los autóctonos. Y es que una cosa es el llamado turismo sanitario por el que ciudadanos extranjeros, mayoritariamente de la UE, empadronándose en España evitaban el copago de ciertos tratamientos en sus países, y otra, muy distinta, que este turismo sanitario lo hicieran ciudadanos de Marruecos o Senegal, dado que estos no pueden venir a España como turistas y deberían hacer previamente los largos y restrictivos trámites de reagrupación o contratación en origen.
Es jurídicamente discutible que alguien que puede ser expulsado hoy mismo firme un contrato de futuro con la Administración
Tras la decisión de comunidades como Andalucía, Cataluña, Asturias, Canarias y el País Vasco de negarse a cumplir el decreto, y los llamamientos de sectores de la profesión médica a desobedecerlo, la ministra Ana Mato aclaró que mantendría el tratamiento a los crónicos, infecciosos y oncológicos, si bien se cobraría los servicios a los gobiernos de sus países algo, en la práctica, más que improbable. Además, anunció que se ofrecería a los irregulares la posibilidad de continuar con la tarjeta suscribiendo una póliza de 710 euros anuales para los menores de 65 años, que se elevaría a 1.864 euros a partir de esa edad. Propuesta que pese a ser irreal, dada la precariedad de medios de los irregulares, es jurídicamente discutible dado que, mientras al dar tarjeta sanitaria a quien está empadronado no se firma ningún contrato se pretende que, quien puede ser expulsado hoy mismo, reconociendo su condición de expulsable, firme un contrato de futuro con la Administración. Posteriormente Valencia, comunidad gobernada por el PP, también anunció que continuaría dando plena cobertura a los irregulares, si bien se intentaría cobrar las prestaciones a aquellos que tuvieran recursos económicos. Y a día de hoy los responsables de sanidad de otras comunidades gobernadas por el PP hay hecho también declaraciones matizando dicha exclusión a la espera que desde el Ministerio se aclare como se quiere cobrar a los países de origen determinados servicios y qué pasará cuando dicho cobro, como ocurrirá con la mayoría de Estados africanos y asiáticos sea imposible.
En España en el año 2000, con Aznar en el Gobierno, se concedió la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares no únicamente por motivos humanitarios sino, sobre todo, para evitar que se vieran obligados a continuar haciendo uso reiterado de los servicios de urgencias sin poder seguir el tratamiento y por los problemas epidemiológicos de tener cientos de miles de personas fuera de la red.
Estos últimos meses a raíz de la polémica sobre la retirada de la tarjeta a los irregulares, se han publicado estudios comparados de las prestaciones que reciben los irregulares en otros países de nuestro entorno; estudios no siempre coincidentes dado que una cosa es lo que dicen las leyes en cuanto a las restricciones y otra las aplicaciones más amplias que se hacen por motivos humanitarios y de salud pública con crónicos, infecciosos, oncológicos, además de menores y embarazadas. En Francia, por ejemplo, se da asistencia no urgente y continuidad de tratamientos a los irregulares si acreditan tres meses de permanencia y carecen de medios económicos. Pero la situación de España debería compararse sobre todo con Italia y Estados Unidos por el alto índice de inmigración irregular y por ser, como España, no sólo puertas de entrada de la inmigración irregular, sino países que han demandado los últimos 15 años gran cantidad de mano de obra extranjera que llegaba mayoritariamente sin papeles.
La polémica generada no hace sino alimentar los discursos xenófobos
En Italia los irregulares acceden a la sanidad por medio de la Tarjeta de los Extranjeros Temporalmente Presentes, con un código anónimo, fácilmente renovable. En Estados Unidos, con 12 millones de irregulares, la mayoría suscriben una póliza privada al igual que el resto de trabajadores, existiendo además una red privada y otra pública de beneficencia. Pero en España no hay beneficencia sanitaria a excepción de los programas sufragados hasta hace poco con los Fondos de Integración y Acogida -suprimidos este año- gestionados por asociaciones como Médicos del Mundo que atendían a los inmigrantes que llegaban desde Canarias, Ceuta o Melilla con órdenes de expulsión no ejecutables y a los que, si carecían de pasaporte, inicialmente les resultaba difícil empadronarse.
Ciertamente se debe combatir el turismo sanitario de europeos. Pero se estima que van a ser 150.000 los inmigrantes irregulares adultos que perderán sur tarjeta. Si finalmente la ministra reconoce que se atenderá a los crónicos, infecciosos y oncológicos, además de las urgencias de todos, ¿ha organizado todo este revuelo el Gobierno cambiar únicamente que en algunas comunidades gobernadas por el PP estos dejen de acudir a su médico de cabecera por una gastroenteritis o un esguince, y acaben siendo atendidos en urgencias? El ahorro será inexistente, el incremento del papeleo y la burocracia notable. Pero en cambio el Gobierno, con su propuesta y contrapropuestas, ha abierto un debate que sólo beneficia a quienes desean obtener réditos políticos, sacudiendo los discursos que muestran la inmigración como una amenaza.
Xavier Rius es periodista y autor de los libros Xenofobia en Catalunya y El libro de la inmigración en España
