Tal como ha informado este diario estos días, en los nueve primeros meses del año se han ido de España 420.150 personas. De ellas, 365.238 eran extranjeras, y 54.912, españolas, lo que en este caso supone un incremento del 21,6%: desde el 1 de enero del 2011 han salido de España 117.523 españoles. Si nos centramos en los extranjeros, las cifras oficiales nos dicen que los citados 365.238 que se han marchado este año son más que las altas (282.522 sumando llegadas y nacimientos) y que por segundo año el saldo es negativo. Al analizar las cifras hay que tener en cuenta que más de 100.000 extranjeros adquieren cada año la nacionalidad española, lo que distorsiona los datos en ambos sentidos: algunos españoles que se marchan son extranjeros nacionalizados, pero también muchos extranjeros que desaparecen de las cifras no se han ido sino que son ya españoles.
Pero lo cierto es que, teniendo en cuenta que la mayoría de las llegadas de inmigrantes lo son por la reagrupación familiar –reclamados por cónyuges o padres con estabilidad económica–, la llegada de nueva mano de obra atraída por el crecimiento económico que experimentó España entre 1998 y el 2009 se ha frenado en seco. Y no solo eso, sino que varios cientos de miles de personas han abandonado España, bien para regresar a su país de origen, bien para emigrar a países de la Unión Europea donde se crea empleo. Los técnicos de inmigración de diversos municipios catalanes consultados constatan la gran cantidad de inmigrantes con permiso de larga duración –y también extranjeros ya nacionalizados– que han marchado a Alemania o Bélgica dejando aquí esposas e hijos.
Decía el que fue ministro de Trabajo de Aznar en 1999, Manuel Pimentel (que dimitiría por discrepancias con su partido a la hora de abordar la gestión y el discurso sobre la inmigración), que el paso de menos de un millón de extranjeros en 1998 a los 5,5 millones del 2009 se debía a dos causas: un crecimiento económico que generaba empleo y lo que él definía como «hidalguía laboral» de muchos autóctonos, es decir, el rechazo a trabajar en muchos sectores por su baja consideración social o su escaso salario. Y la negativa a gestionar ágilmente dicha necesidad de mano de obra no frenaba su llegada, sino que la derivaba hacia la irregularidad y la economía sumergida. Los inmigrantes eran emprendores que venían aquí pese a las dificultades legales, dispuestos a trabajar en lo que fuera y acogidos en el domicilio de un familiar o amigo.
Ahora, tras cuatro años e crisis, son cada vez más los ciudadanos autóctonos que aceptan trabajos en numerosos sectores por sueldos inferiores a los 800 euros, trabajos que antes ocupaban mayoritariamente inmigrantes. Lo que hacía que viniera tanta inmigración no eran las regularizaciones masivas o lo que algunos han calificado de buenismo, sino la necesidad de mano de obra y la negativa de los autóctonos a aceptar muchos empleos. Pero los gobiernos del PP criminalizaron esta llegada masiva hablando de «invasión» y «delincuencia» para hacer, al mismo tiempo, las mayores regularizaciones habidas en Europa y permitir que esos inmigrantes salieran de la economía sumergida. Y cuando Zapatero y el ministro Jesús Caldera, antes de que estallara la crisis, crearon por primera vez en España un procedimiento de contratación en origen ágil y que diera respuesta a las necesidades del mercado, el PP, ya en la oposición, continuó con su discurso demagógico.
Ahora la crisis y el frenazo de la llegada de inmigrantes han demostrado que estos no venían por el supuesto efecto llamada de las regularizaciones y la obtención de derechos como la educación y la sanidad, sino porque un amigo o un familiar les decían que les podían encontrar trabajo y les acogerían en su casa los primeros meses. La mayoría llegaban sin papeles, mayoritariamente como falsos turistas. Un procedimiento idéntico al que siguen ahora las decenas de miles de jóvenes españoles que buscan empleo en Europa o Latinoamérica. El hecho de ser ciudadanos de la Unión evita el problema de la irregularidad inicial, pero la mayoría marchan con la seguridad de tener allí un amigo que les cederá habitación, una buena formación y dispuestos a trabajar en aquello para lo que se formaron en España, pero también lavando platos en un restaurante. Y los que marchan a Latinoamérica lo hacen como turistas, sin contrato previo y con la esperanza de regularizar sus papeles si consiguen una oferta de empleo. Son emprendedores, y tal vez porque allí a los europeos se les considera mejor que nosotros a los latinoamericanos, conseguirán regularizar más fácilmente su residencia. Todas las historias de las migraciones son muy parecidas: el emprendedor, habitualmente joven, va en busca de su futuro allí donde hay trabajo.
Xavier Rius, periodista.
Decía el que fue ministro de Trabajo de Aznar en 1999, Manuel Pimentel (que dimitiría por discrepancias con su partido a la hora de abordar la gestión y el discurso sobre la inmigración), que el paso de menos de un millón de extranjeros en 1998 a los 5,5 millones del 2009 se debía a dos causas: un crecimiento económico que generaba empleo y lo que él definía como «hidalguía laboral» de muchos autóctonos, es decir, el rechazo a trabajar en muchos sectores por su baja consideración social o su escaso salario. Y la negativa a gestionar ágilmente dicha necesidad de mano de obra no frenaba su llegada, sino que la derivaba hacia la irregularidad y la economía sumergida. Los inmigrantes eran emprendores que venían aquí pese a las dificultades legales, dispuestos a trabajar en lo que fuera y acogidos en el domicilio de un familiar o amigo.
Ahora, tras cuatro años e crisis, son cada vez más los ciudadanos autóctonos que aceptan trabajos en numerosos sectores por sueldos inferiores a los 800 euros, trabajos que antes ocupaban mayoritariamente inmigrantes. Lo que hacía que viniera tanta inmigración no eran las regularizaciones masivas o lo que algunos han calificado de buenismo, sino la necesidad de mano de obra y la negativa de los autóctonos a aceptar muchos empleos. Pero los gobiernos del PP criminalizaron esta llegada masiva hablando de «invasión» y «delincuencia» para hacer, al mismo tiempo, las mayores regularizaciones habidas en Europa y permitir que esos inmigrantes salieran de la economía sumergida. Y cuando Zapatero y el ministro Jesús Caldera, antes de que estallara la crisis, crearon por primera vez en España un procedimiento de contratación en origen ágil y que diera respuesta a las necesidades del mercado, el PP, ya en la oposición, continuó con su discurso demagógico.
Ahora la crisis y el frenazo de la llegada de inmigrantes han demostrado que estos no venían por el supuesto efecto llamada de las regularizaciones y la obtención de derechos como la educación y la sanidad, sino porque un amigo o un familiar les decían que les podían encontrar trabajo y les acogerían en su casa los primeros meses. La mayoría llegaban sin papeles, mayoritariamente como falsos turistas. Un procedimiento idéntico al que siguen ahora las decenas de miles de jóvenes españoles que buscan empleo en Europa o Latinoamérica. El hecho de ser ciudadanos de la Unión evita el problema de la irregularidad inicial, pero la mayoría marchan con la seguridad de tener allí un amigo que les cederá habitación, una buena formación y dispuestos a trabajar en aquello para lo que se formaron en España, pero también lavando platos en un restaurante. Y los que marchan a Latinoamérica lo hacen como turistas, sin contrato previo y con la esperanza de regularizar sus papeles si consiguen una oferta de empleo. Son emprendedores, y tal vez porque allí a los europeos se les considera mejor que nosotros a los latinoamericanos, conseguirán regularizar más fácilmente su residencia. Todas las historias de las migraciones son muy parecidas: el emprendedor, habitualmente joven, va en busca de su futuro allí donde hay trabajo.
Xavier Rius, periodista.
